A mediados de 2015 numerosos foros debatieron un preproyecto de Ley Federal de Economía Social y Solidaria. A un año el escenario político en varios países de América Latina y en especial en Argentina, ha sufrido grandes cambios. El nuevo contexto congeló la discusión. El programa neoliberal, en su versión más cruda de ajuste, devaluación, eliminación de retenciones y masiva ola de despidos, parece tener poco que ver con los principios del bien común, la prelación del trabajo sobre el capital, los intereses colectivos sobre los individuales, o con privilegiar al trabajo y al ser humano por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación del capital.
Publicada en junio de 2016
A fines de 2014, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó una iniciativa para sancionar en un mismo cuerpo la legislación de cooperativas y mutuales, actualmente regidas por las leyes 20337 (Cooperativas) y 20321 (Mutuales). En abril fue el turno de Santa Rosa. Como integrantes de proyectos de extensión e investigación sobre la temática, planteamos la necesidad de que la norma sea capaz de reconocer las nuevas prácticas surgidas de las grandes transformaciones experimentadas por la economía social y que en muchos casos avanzan sobre formas tradicionales aún presentes.
Las viejas normas cumplieron y cumplen un rol muy importante pero ya no alcanzan a cubrir las diferentes expresiones. Se han ido generando estrategias de supervivencia, formas no capitalistas de resolución de necesidades, que es importante reconocer en una actualización de la norma. Son modalidades que cuestionan la tradicional articulación capital-trabajo, contribuyen a delinear otras formas de construcción social y política, organizadas no por el principio de la reproducción ampliada del capital sino por el de la reproducción ampliada de la vida.
El caso ecuatoriano
Hemos analizado casos de institucionalización jurídica en algunos países que transitan etapas con gobiernos distanciados de la ortodoxia neoliberal, como Bolivia, Venezuela y Ecuador, tal vez el país donde estas nuevas formas alcanzaron mayor desarrollo. En 2006 ganó las elecciones Rafael Correa y rápidamente convocó a una Asamblea Constituyente que dos años más tarde sancionó la nueva Constitución donde se define que “el sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución determine”.
En abril de 2011 Ecuador promulgó la Ley de Economía Popular y Solidaria. Establece que es “la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”.
La Ley rompe los límites de formatos tradicionales respecto de los actores sociales, incluyendo las organizaciones conformadas en los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, y las denominadas Unidades Económicas Populares. Estas UEP son emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales pertenecientes a la economía del cuidado de las personas, que realizan actividades vinculadas a la preparación de alimentos y cuidado humano.
La norma ecuatoriana amplía además los tradicionales valores y principios cooperativos a los que reconoce en forma expresa, añadiendo la búsqueda del buen vivir y del bien común; la prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; el comercio justo y consumo ético y responsable; la equidad de género; el respeto a la identidad cultural; la autogestión; la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; la distribución equitativa y solidaria de excedentes.
No sabemos qué va a ocurrir en Argentina y si el actual gobierno reimpulsará el debate. Entendemos que se vuelve fundamental reforzar la observación, el estudio y análisis colectivo de la economía social y solidaria. En clara oposición al “pensamiento único” que pretende reinstalarse, hoy más que nunca otra economía no sólo es necesaria sino imprescindible. Felizmente esto está en el espacio de la política, y lo político es siempre terreno en ebullición y disputa.
*El autor
Roberto Ottaviano es CPN (UNLPam), Profesor en Ciencias Económicas (UNC) y Especialista en Gestión de Políticas Sociales (UNLPam). Integra el proyecto de extensión universitaria “Trabajo cooperativo y producción como herramientas para la autonomía y la inclusión social” y el proyecto de investigación “Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. Resistencia de trabajadores/as y cambios en las identidades laborales en La Pampa contemporánea”, ambos dirigidos por la licenciada Lía Norverto.