El salón “Los Pioneros” de la CPE fue escenario de un encuentro sobre “La participación de las mujeres en la economía: trabajo y políticas públicas”, en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) “Diálogos sobre violencia política: sin mujeres no hay democracia”, de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Son sus directoras las docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Guadalupe Bustos y Micaela Valderrey, acompañadas por integrantes de las cátedras de Sociología Jurídica y Derecho Político de la misma unidad académica.
¿De qué se trata el Proyecto de Extensión?
El PEU promueve el diálogo y la reflexión colectiva sobre los tipos, formas y contextos en que la violencia política hacia las mujeres se ejerce, desde una perspectiva transversal de género y de derechos humanos. La propuesta se inició en 2022 con un equipo interdisciplinario de mujeres pertenecientes a diferentes claustros universitarios y a sectores como cooperativas, sindicatos, partidos, entre otros.
La tarea se concreta a través de diferentes encuentros que abordan las múltiples situaciones de violencia de las que son víctimas las mujeres comprometidas con la política partidaria, sindical o de cualquier índole. Durante 2023 fueron cuatro encuentros, desde una perspectiva interseccional: uno sobre “La violencia política contra las mujeres y los desafíos de los Estados integrantes del Parlamento del Mercosur”, a cargo de mujeres representantes del Parlamento del MERCOSUR –Parlasur–; otro, en formato taller junto al Programa de Derechos Humanos (PAIDH) y al Programa de Géneros -ambos de la UNLPam-, sobre conceptualizaciones de la Violencia Política contra las Mujeres, a cargo de Patricia Gómez (vicedirectora del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA e Integrante del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); un tercer encuentro sobre el movimiento estudiantil y la violencia política contra mujeres jóvenes, con la participación de referentas estudiantiles de colegios secundarios y de la universidad; y, finalmente, el cuarto diálogo sobre las mujeres indígenas en la vida política local, a cargo de la Lonko Juana Vila Rosas, Lorena Guaiquián, concejala del FreJuPa santarroseño e Inalonko de la Comunidad Choyque Newen, y la Lonko Laura Cuevas, de la Comunidad Mapuche Choyque Newen de Santa Rosa.
Este año 2024, con un contexto sociopolítico nacional que pone en cuestionamiento la gran mayoría de los derechos conquistados de las mujeres y disidencias, instaló y profundizó un proceso de recolonización financiera de la vida cotidiana, que consiste en sobrevivir a la pobreza de ingresos a través de una bicicleta financiera de mínima escala. Este proceso consume tiempo y, sobre todo, salud mental de las mujeres, tornando necesario pensar el nexo entre la violencia política, económica y el trabajo que realizan las mujeres en nuestra realidad actual.
La violencia política y económica contra las mujeres
En el último encuentro del pasado 16 de mayo, se consideró necesario problematizar, en un contexto de caída de los ingresos y de muchos emprendimientos de la economía social y popular, la naturalización de que sean principalmente las mujeres quienes se endeuden para vivir y quienes destinan gran parte de sus vidas a gestionar múltiples jornadas laborales que van desde trabajos asalariados (muchos intermitentes), changas, trabajo comunitario y cuidados (Gago y Cavallero, 2024).
Las referentes invitadas fueron: Norma Durango (vicegobernadora de La Pampa y senadora nacional por La Pampa por el partido Justicialista –mandatos cumplidos–), Élida Deanna (militante de la línea Nuestra Causa, UCR, y actual Directora de Producción, Empleo y Desarrollo Local de la Municipalidad de Victorica), y Daniela Daniele (del Equipo de Aplicación del Protocolo –EAP– de la CPE).
Élida Deanna, Norma Durango y Daniela Daniele.
Expusieron sus experiencias y abordaron la temática en cuestión a través de algunos de los siguientes disparadores: visibilización de la violencia de género económica; restricciones de los recursos económicos para campañas, salarios, oficinas o viáticos; brecha salarial por la condición de género, o restricciones e impedimentos arbitrarios en el uso de recursos asociados a las funciones políticas; el valor simbólico y económico de las mujeres en la política, entre otras cuestiones. Silvana Montecino, de la Cooperativa de Trabajo Visión 7 y del equipo extensionista, fue la moderadora de la reunión.
Norma Durango
El diálogo fue iniciado por Norma Durango, quien con lucidez problematizó la actual organización social y política de los cuidados –OSyPC– (Faur, 2018). Cuestionó que sean las familias quienes proveen la mayor cantidad de los cuidados necesarios para la supervivencia de la sociedad, y que dentro de los hogares sean las mujeres quienes los realicen. La evidencia demuestra que la OSyPC, en la conformación actual, es injusta porque las responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles distintos. Por un lado, hay una inequitativa distribución de las responsabilidades de cuidado entre hogares, Estado, mercado y organizaciones comunitarias (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014); y, por otro, la desigualdad en la distribución de responsabilidades se verifica también entre varones y mujeres.
Los trabajos de cuidados asumidos mayormente por los hogares y, dentro de los hogares, por las mujeres, generan y profundizan las desigualdades de género ya que naturaliza y reproduce la división sexual del trabajo, por la cual las tareas de cuidado quitan tiempo de participación e incluso obstaculizan que las mujeres accedan al mercado laboral, a determinados ámbitos políticos (Pautassi, 2007; Rodríguez Enríquez, 2007), y por ende, ejerzan de forma igualitaria sus ciudadanías.
Élida Deanna
Élida Deanna, con mucha claridad visibilizó la violencia política, identificando al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres y que median determinados factores que actúan como obstáculos para la participación de estas en la política. Uno de esos factores es la falta de recursos económicos, el control de estos, la ausencia de recursos para campañas cuando las candidatas son mujeres, la brecha salarial, el otorgamiento de oficinas, suministros o viáticos diferenciales cuando son electas, entre otros.
La referente radical afirmó que la falta de apoyo financiero es problemática para las mujeres, ya que están menos conectadas a redes formales e informales donde reside el capital económico y político, o no cuentan con los recursos personales para compensar viáticos que les son negados. A todo esto debe agregarse que la desigualdad de género por el hecho de ser mujeres, en el acceso a los recursos en la sociedad en general, exacerba los efectos que tienen la privación de los recursos económicos necesarios para su desempeño político, su permanencia en tales espacios y el desarrollo de sus campañas. Pero por sobre todos los efectos negativos de tal tipo de violencia, la panelista mencionó que uno de los principales es la obstaculización del ejercicio de las autonomías interrelaciones de las mujeres, es decir, la autonomía física, política y económica.
Daniela Daniele
Por último, tomó la palabra la abogada Daniela Daniele, quien comentó las experiencias de las integrantes del EAP de la CPE en el proceso de elaboración y puesta en marcha del “Protocolo de Prevención y Actuación Institucional ante situaciones de Violencia de Género, acoso, discriminación y violencia laboral”. Abordó y puso en cuestionamiento la integración de los consejos directivos de los ámbitos que se asumen como democráticamente horizontales de las cooperativas, la baja participación política de las mujeres en espacios cooperativos, la cristalización de determinados trabajos como masculinos debiendo derribar una serie de estereotipos de género para que las mujeres puedan asumirlos, entre otros detalles.
Reflexiones para profundizar
Las experiencias concretas, personales y colectivas de las referentas invitadas, como un hacer y estar feminista para tender puentes y encontrar lo común, es una manera de llevar a la práctica la consigna “lo personal es político”. Pero, además, permite pensar en herramientas propositivas que modifiquen las barreras y las situaciones de desigualdad, a pesar de los reconocimientos legales (formal) que promueven la participación y representación igualitaria de las mujeres en los diferentes ámbitos públicos.
El contexto actual que pone en jaque los derechos de las mujeres y personas trans, torna urgente promover espacios y prácticas que generen una real democracia paritaria con una mirada interseccional como horizonte. En este sentido, la propuesta extensionista, y la extensión en términos generales como una de las funciones primordiales de las universidades, es clave para promover espacios de encuentros y compromisos de diversas/os actores en la dinámica política y social con el propósito de generar transformaciones sociales y culturales capaces de desnaturalizar el ejercicio de prácticas de violencia y discriminación hacia las mujeres y personas trans.
Debatir sobre los estereotipos y prejuicios en que se funda la violencia política contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, impulsa aprendizajes mutuos entre las personas participantes de la propuesta haciendo uso de la praxis de saberes y conocimientos, en territorios; pero, además, promueve una mirada amplia sobre la temática de la violencia política en relación a la violencia institucional, simbólica, económica, contra las mujeres; y, potencia el análisis de algunas de las políticas públicas y legislativas que existan en torno a la violencia política.
Por Guadalupe Bustos y Micaela Valderrey