Aquí se sintetiza el apartado 9 de las conclusiones que se basa en la necesidad “de una acción coordinada, constante y simultánea de todo el Movimiento Cooperativo en los campos judicial, político legislativo y Ejecutivo para conseguir la eliminación definitiva de la discriminación”. Algunas de las medidas más importantes que se determinaron relacionadas con los aspectos legales y regulatorios, son las siguientes:
Publicada en mayo de 2003
Continuar las acciones judiciales ante la Corte Suprema en los casos "Asociación Mutual Carlos Mugica c/Estado Nacional-Comfer" y "Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Limitada c/Estado Nacional-Comfer" y apoyar todos los casos que lleguen a esa instancia judicial; promover el inicio de acciones “declarativas de certeza" sobre la inconstitucionalidad de la Ley 22.285 en todas las jurisdicciones de la justicia federal, tomando el ejemplo de las realizadas en Córdoba, donde existe jurisprudencia favorable de las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones.
Denunciar la violación de derechos por parte del Estado Federal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alianza Cooperativa Internacional y difundir estas acciones a través de todos los medios de comunicación posibles.
Procurar que el movimiento internacional genere quejas, declaraciones y pedidos ante el Ejecutivo y Legislativo argentinos, contra la discriminación. También se redactará un petitorio con los derechos del sector de la economía solidaria para entregar al nuevo gobierno y a cada diputado y senador de la Nación
Apoyo a la CPE
El Congreso apoyó con firmeza la decisión de los vecinos de Santa Rosa, La Pampa, de auto brindarse el servicio de antena comunitaria y a la Cooperativa Popular de Electricidad que hizo efectivo ese derecho. Propuso el impulso de nuevas antenas comunitarias en donde existan "desiertos comunicacionales" y el apoyo a las cooperativas que actúen por mandato de sus asociados y usuarios.
Comisionar a la CARCO para que difunda la metodología y fundamentos jurídicos para la instalación de antenas comunitarias propiedad de los usuarios directos que, basados en el Decreto 174/89, procedan a establecer sistemas de distribución de señales satelitales de radio y televisión mediante la utilización de medios físicos. Tras repudiar la burocracia protectora de los oligopolios y a los defensores de la discriminación, los delegados alentaron la denuncia de cualquier acto sospechoso de corrupción y el apoyo a todas las organizaciones de usuarios y consumidores en sus protestas contra las prácticas oligopólicas de los defensores de la discriminación. Estas conclusiones integrarán la agenda del próximo Congreso Nacional de la Cooperación.