En el memorial de la CPE, la pelea por el gas natural ocupa un gran capítulo. La esencia solidaria para organizar la prestación de servicios sensibles a la comunidad nunca está exenta del gesto de resistencia al despojo del patrimonio del conjunto, por parte de las empresas que solo ven negocios.
Publicada en julio de 2016
Argentina sufrió la llamada década infame entre 1930 y 1943. La segunda empezó en 1989 con consecuencias negativas que aún se mantienen: la dupla Menem-Cavallo quedará en el archivo de los entregadores del Estado argentino a partir de las privatizaciones y concesiones de las empresas públicas. En ese periodo se enajenó la histórica Gas del Estado, nacida en 1946. El 26 de marzo de 1992, con el aporte del colaborador del bloque justicialista (y desde entonces “diputrucho”) Juan Kenan y el fuerte protagonismo político del jefe de la bancada oficialista, Jorge Matzkin, se descuartizó Gas del Estado, entregando sus jugosas partes a once empresas privadas con mayoría de capitales extranjeros, nueve de distribución y dos de transporte por gasoductos.
La Ley 24076 fijó el marco regulatorio y se llamó a licitación por zonas. Provincia de Buenos Aires (excluidas Ciudad de Buenos Aires y el conurbano) y La Pampa constituyeron una de las áreas. Se presentaron Camuzzi Gas Pampeana y otro grupo donde estaba la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco). En medio del auge neoliberal Camuzzi se quedó con el servicio que suma más de un millón de viviendas conectadas, casi 6 mil km de gasoductos y ramales, y unos 20 mil km de redes de distribución.
Asamblea en el Club Sarmiento. Una de las tantas que se realizaron para resistir el despojo a los vecinos.
En los años previos, a través de consorcios vecinales, la CPE había realizado las obras de conexión domiciliaria pagadas por los propios frentistas. Amparada en la falta de reglamentación de la Ley que privatizó el gas, Camuzzi exigió el traspaso de las redes de distribución a su órbita mientras extorsionaba con que no habría nuevas conexiones. La CPE rechazó la ilegítima postura y sus asociados debatieron qué hacer en asambleas multitudinarias. Fueron jornadas intensas con marchas y un petitorio de más de siete mil firmas, defendiendo la prestación cooperativa del servicio, pese al escasísimo o nulo apoyo de los gobiernos municipal y provincial de aquellos años.
Camuzzi jugó con los tiempos y cuando el invierno de 1993 ya se hacía sentir, el gobernador Rubén Marín zanjó la confrontación favoreciendo a la empresa que se quedó con las redes ejecutadas y con las nuevas obras a construir, con el único costo de brindar 2500 m3 de gas gratis. Las nuevas obras a cargo de la Provincia, consistieron en la construcción de un ramal de alimentación de 3000 metros y una estación reductora de presión para alimentar la zona suburbana entre Santa Rosa y Toay.
No obstante el acuerdo beneficioso, para Camuzzi no fue suficiente para garantizar el abastecimiento de gas a Santa Rosa y otras localidades. En 1996 Camuzzi se negó a habilitar nuevas conexiones tal como se repite actualmente. La CPE en representación de los numerosos consorcios inició acciones tendientes a lograr la habilitación. Hubo numerosas reuniones y resoluciones del Concejo Deliberante, y audiencias públicas con representantes del gobierno provincial, Enargas y la Secretaria de Energía de Nación, partidos políticos y gente de toda la provincia. En esa oportunidad Camuzzi volvió a sacar ventaja para conectar las obras realizadas y un nuevo plan de obras con financiamiento nacional.
Sin embargo los problemas de abastecimiento perduraron. Camuzzi tiene licencia exclusiva y renovable por 35 años para operar la distribución de gas y sus incumplimientos en inversiones y obras no han merecido ningún tipo de sanción. Al contrario, fue beneficiada en su fantástico negocio a través de los subsidios del Estado Nacional y ni siquiera se ha sentido obligada con algunos fallos judiciales en contra.
Otra de las asambleas, en la Usina.
Hoy la situación es similar: sabiendo que no será presionada por los organismos regulatorios nacionales, Camuzzi pretenderá que las inversiones las realicen nuevamente el Estado pampeano o Nación. El gobernador Carlos Verna impulsó la recuperación del servicio para su manejo a través del Estado provincial y las cooperativas, emulando el sistema de energía eléctrica. Bienvenida la idea pero habrá que esperar las próximas movidas.
Mientras tanto el tiempo es tenaz para mostrar resultados: las políticas de la SUDAM en los años 30 y las de Camuzzi en estas dos décadas, están condicionadas porque solo piensan en el negocio y el lucro, no en la gente y sus necesidades, y menos en el desarrollo de la región. Hacen negocios donde pueden y en particular donde el poder político les garantiza cobertura formal, legal y económica. Lo que muchas veces no logran entender algunos dirigentes políticos es que la vida sigue, que con el tiempo habrá más barrios, más familias, nuevas viviendas, y que las necesidades se irán multiplicando.
Con determinadas condiciones económicas y legales la cooperativización de un servicio siempre es posible. No deja de ser notable ver cómo reaparece sistemáticamente esta alternativa cuando las papas queman y los supuestos garantistas privados no han cumplido. En la CPE no defendemos esta vía como un atajo para salir de una crisis sino porque está demostrado que el modelo solidario es posible y mucho más en lugares como La Pampa. Por eso es una convicción política motorizar una alianza estratégica entre el Estado Provincial y las cooperativas para este y otros servicios.