El 20 de noviembre se cumplieron 30 años desde que Naciones Unidas aprobara la Convención sobre los Derechos de los Niños, el instrumento internacional de derechos humanos de mayor importancia, ratificado por casi todos los países. Tres décadas más tarde, esa declaración de principios que buscaba construir un futuro mejor para la infancia, está lejos de haberse materializado en gran parte del planeta, y en nuestro país la más reciente crisis económica ha sumido a más del 53% de los niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza.
Publicada en enero de 2020
La dramática situación en la que se encuentra más de la mitad de la población infantil en Argentina da cuenta de que, más allá de las declaraciones, las políticas de Estado implementadas en estos 30 años no lograron los resultados esperados. Lejos de eso, este indicador estadístico refleja directamente que niños, niñas y adolescentes tienen todos sus derechos vulnerados, y que el Estado no pudo garantizar estándares mínimos en educación, salud, alimentación y protección para la infancia.
Por eso, lejos de celebraciones, la conmemoración nos exige no sólo realizar una evaluación sobre las políticas concretas implementadas, sino pensar y generar propuestas para garantizar efectivamente los derechos que la Convención reconoce. No existe ninguna posibilidad de avanzar si en primer término no se garantiza que ningún niño esté en situación de pobreza o indigencia. La erradicación de la pobreza y la indigencia en este grupo etario de manera urgente, debe ser una prioridad de las políticas públicas orientadas a la infancia de todo Estado que se reconozca democrático. Y debe expresarse en acciones concretas que impliquen aumentos de las partidas presupuestarias y ejecución real de las mismas, por ejemplo, dentro del marco de la Emergencia Alimentaria aprobada recientemente por nuestro Congreso Nacional.
Interés superior
La Convención estableció que los derechos humanos de la infancia constituyen un “interés superior”, es decir deben estar por encima de todo obstáculo, y primar sobre cualquier barrera que impida su goce efectivo. Es el Estado el que debe utilizar todos sus recursos y esfuerzos para garantizar esto. En nuestro país, la Asignación Universal por Hijo es una herramienta política que puede modificar la realidad de la infancia que se encuentra en situación de indigencia, pero resulta indispensable incrementar su cobertura y hacerla actualizable para evitar que las vicisitudes económicas terminen por reducir su impacto.
Hoy en día el país se encuentra en una de las muchas encrucijadas económicas y sociales que ha sufrido históricamente. Erradicar la pobreza e indigencia en la infancia como grupo vulnerable prioritario, debería ser motivo de políticas públicas que se mantengan en el tiempo, sostenidas durante varios períodos presidenciales, que consoliden ideas y marcos conceptuales sobre cómo intervenir y priorizar presupuestariamente las herramientas disponibles.
La mejor política pública estatal es la que garantiza que absolutamente todos los niños estén en la escuela, tengan acceso a vacunación y servicios de salud, y una alimentación adecuada, cuestiones que, por las condiciones argentinas, se pueden garantizar a todas y todos. Para que una línea de acción así perdure, debería ser avalada por el Congreso Nacional y una legislación que prohíba taxativamente que se puedan recortar derechos de la infancia, o que sean la variable de ajuste en los devenires económicos.
Una fecha para pensar
La fecha del 20 de noviembre debe servir para que, como adultos de esta sociedad, podamos analizarnos y juzgarnos, tomando conciencia de que cada niño que está pidiendo en la calle, o explotado laboralmente, o no escolarizado, es también nuestro problema. Al fin de cuentas, el Estado somos todos y todas y es también nuestra función la protección de la infancia. La Convención es clara.
Vamos a transitar un tiempo de una profunda transformación social en el que habrá que decidir qué tipo de sociedad queremos construir y cuántos vamos a ser parte de la misma; y cuál es el espacio y rol de los niños en ella. Nuestras decisiones tendrán que tender a generar un espacio social con equidad, donde esté incluida la totalidad de sus miembros.
Algo de esto ya se está construyendo. De la mano de las y los adolescentes empoderados que marchan por las calles del país exigiendo por sus derechos, este grupo etario expone la necesidad de un tipo de sociedad más inclusiva y con más empatía por el otro, que nos interpela como adultos y exige cambios. La esperanza de una sociedad mejor es el ideario de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Tenemos la obligación legal, pero sobre todo ética e histórica, de que eso se garantice.
*Defensor de niñas, niños y adolescentes de La Pampa