Hace pocas semanas se cumplieron 20 años de un hecho político de trascendencia para la CPE y, en realidad, para las y los asociados que pujaban por organizar un proyecto propio de telecomunicaciones. Impulsado por esta cooperativa, durante los días 9, 10 y 11 de abril de 2003, se desarrolló el Primer Congreso Nacional de Cooperativismo y Radiodifusión que, bajo el lema “Por una radiodifusión sin exclusiones”, planteó un debate nacional en el ambiente cooperativo de servicios del sector.
Días antes, una fuerte embestida política del sector privado contra el proyecto de televisión de la CPE había generado un clima de debate y movilización vecinal. ¿Qué pasaba por esos días? La CPE había resuelto instalar dos señales de televisión por aire —obviamente gratuitas—, a las que se accedía con una humilde antena de techo, de las de antes. La catarata de enojos, amenazas y mentiras contra la CPE por parte de organizaciones que agrupaban a dueños o representantes de la TV por cable privada, se plasmó en la motorización de una medida política anticooperativa: pretendiendo hacer una demostración pública de fuerza, se reunieron en Santa Rosa para ratificar su encono contra el cooperativismo y su defensa unánime de las normas de la última dictadura, claramente favorecedoras de su gran negocio económico con fuerte impacto cultural.
La medida fue muy llamativa pero sintomática. La gente no tenía obligación de asociarse a la CPE o dejar el servicio privado de entonces. Eran apenas dos señales: Canal 6 Alternativo (de Colsecor, Córdoba) y Canal 7 (ex ATC, de Buenos Aires). ¿Qué molestaba tanto? Que la CPE expusiera ante la sociedad y denunciara ante la justicia federal la ilegitimidad y discriminación de la norma jurídica de facto, conocida como Ley de Radiodifusión 22285; que ratificara la voluntad de prestar más servicios sin depender de nadie; que resistiera el avasallamiento e imposición de la ley del mercado neoliberal, que veía y ve todo como un negocio de compra y venta, sin importarle los derechos de miles; que la movida pudiera tener eco en otras entidades cooperativas.
Fueron tres días de intensos debates entre representantes de todo el movimiento cooperativo del país, que respaldaron el derecho de la CPE a ofrecer una alternativa a los canales de cable.
Los argumentos de la CPE les molestaban porque no tenían respuestas claras: en realidad no podían darlas. El derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión en un marco plural, son presupuestos esenciales de la democracia real, y esto sigue exigiendo la democratización de las comunicaciones. La dictadura cívico-militar (1976-1983) había impuesto el impedimento para que las cooperativas y organizaciones sin fines de lucro prestaran estos servicios. Y lamentablemente la democracia no había podido resolverlo, incluso a costa de vulnerar derechos humanos, transgredir la Constitución y aun tratados internacionales. Recién en 2009, con la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularizada como Ley de Medios, empezó a intentar enderezarse la historia y así y todo, se pudo apenitas a medias.
Aquel Grito de Santa Rosa, como se lo conoció, significó la unidad del movimiento cooperativo argentino para reafirmar el reclamo por la inmediata derogación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, enmarcada en el concepto de la doctrina de la Seguridad Nacional y con correlatos prácticos, económicos e ideológicos: por ejemplo, les garantizó durante años la explotación de los medios de comunicación a un grupo de empresas privadas y les prohibió a las entidades sin fines de lucro participar en ese ámbito.
Casi 22 mil firmas
Mientras tanto, dos semanas antes del congreso, la movilización de vecinos y delegados logró reunir en pocos días casi 22 mil avales para que la televisión por aire se concretara. El sábado 29 de marzo, en ocasión de la asamblea extraordinaria, que debió celebrarse sobre la avenida Alsina, frente a la sala "Enrique Tubán" de Los Pioneros, los entonces delegados Marcos Martínez, Doli Martínez y Nora Migliorisi entregaron a las autoridades del Consejo tres cajas con la muestra del apoyo popular.
Dos semanas antes del Congreso, Delegados y Delegadas de la CPE habían logrado reunir más de 22 mil firmas avalando la decisión de la cooperativa de poner al aire dos señales de TV gratuitas.
Copias de las firmas, avaladas por escribanía, fueron elevadas a la Justicia Federal junto al recurso de amparo presentado por la CPE solicitando, además de la inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley 22285, una medida cautelar para que el entonces COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) y la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) se abstuvieran de medidas tendientes a impedir la emisión de señales de televisión por aire, y contra cualquier decomiso de los equipos.
Aquel congreso promovió acciones coordinadas y simultáneas del movimiento cooperativo en todos los ámbitos para eliminar la discriminación: se apoyaron las acciones judiciales ante la Corte Suprema en los casos "Asociación Mutual Carlos Mugica c/Estado Nacional-Comfer" y "Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Limitada c/Estado Nacional-Comfer", y todos los casos en instancia judicial; las acciones “declarativas de certeza" sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Radiodifusión; y la denuncia a la violación de derechos por parte del Estado Federal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alianza Cooperativa Internacional, así como la difusión de estas acciones a través de todos los medios de comunicación posibles. El congreso apoyó la decisión de la CPE de instalar la antena comunitaria y promover nuevas donde existieran "desiertos comunicacionales".
La reacción de las corporaciones mediáticas no se hizo esperar y tuvieron eco en la justicia. Personal judicial, de la CNC y de la Policía Federal allanaron la CPE para decomisar los equipos de transmisión el 15 de mayo de 2003. No los encontraron.
Desde el 10 de abril, y por algo más de un mes, hubo dos opciones más de televisión abierta para Santa Rosa y alrededores, pero la idea era mucho más profunda. El modelo que buscaba formas de canalizar y producir contenidos propios, incluía sumar voces de emprendimientos comunitarios e individuales, historias de vida escondidas en el tiempo, iniciativas cooperativas, turismo y acontecimientos de interés general con firme anclaje en una agenda del movimiento cooperativo.
En simultáneo con el allanamiento, una gran cantidad de vecinos y vecinas rodearon a la cooperativa en un abrazo solidario en respaldo a su iniciativa de ofrecer dos señales de TV por aire.
La lucha continúa
El movimiento cooperativo, y la CPE en particular, no han cerrado su etapa histórica de pelea por nuevos servicios. La telefonía celular y su vínculo directo y extraordinario con el servicio de internet, y las comunicaciones, son elementos que generan un campo de fuerte tensión económica y social. La CPE, sus asociados y asociadas, saben de historias donde no ceder es el primer paso, como la historia lo ha demostrado en más de una oportunidad.
Los canales de aire, las 22 mil firmas, aquella pelea de David contra Goliat, el Grito de Santa Rosa, entre muchos más, fueron hechos precursores de lo que devino en la Ley de Medios del 2009 —primero obstaculizada por la justicia y finalmente desarticulada por Mauricio Macri—, y en la hoy televisión digital por cable de la CPE. Nada de esto hubiera sido posible sin el empuje de las y los vecinos que se hicieron cargo, junto a su cooperativa, de parte de su destino.