Entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre pasados, en cinco encuentros semanales, se dictó el curso “Historia, cultivo y uso terapéutico de Cannabis” organizado conjuntamente por la CPE, la Universidad Nacional de La Pampa y la Municipalidad de Santa Rosa. Unas 60 personas de todas las edades completaron el programa que abordó desde aspectos generales de la planta, conceptos teóricos y prácticos sobre el cultivo, cuidado y producción para el uso terapéutico, así como los marcos regulatorios y legales vigentes en el país y la provincia.
Precisamente este último aspecto fue abordado por la abogada, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y titular del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, Victoria Baca Paunero. Especializada en derecho penal vinculado con causas por cultivo de marihuana para fines medicinales, explicó el complejo marco legal vigente en Argentina, en el que se entrecruzan tres leyes gestionadas por tres organismos diferentes del Estado, cada uno con sus propias miradas y formas de abordaje. Tener claro ese escenario es clave para quienes, como muchos de los que asistieron al curso, quieran producir sus plantas sin correr riesgos con la ley.
En Argentina —explica la profesional— “el Estado no ha sido coherente en hacer una única política que abarque el cannabis, las plantas, los usuarios, las vías de acceso”. Responde con parches cuando diferentes actores vinculados con el tema (usuarios, productores, investigadores, profesionales de la salud, etc.) le demandan alguna respuesta, lo que ha dado lugar a una “maraña legislativa hecha de leyes, decretos y reglamentaciones administrativas” que debe tener clara la persona que quiera o necesite cultivar cannabis.
Baca Paunero tuvo a su cargo la última clase del curso, en la que abordó el marco legal para quienes se involucren en la producción de cannabis.
Lo que se permite y se regula es todo lo que las convenciones internacionales reconocen como legal: el uso medicinal y el cáñamo (una especie de la que se extraen fibras para uso industrial); el resto sigue bajo la línea de ilegalidad y punitivismo. “El primer problema que tiene la persona que necesita acceder a cannabis —señala Baca Paunero— es la ausencia del Estado para garantizarle la calidad de lo que accede, es decir, asegurarle que aquello a lo que accede no solamente no afecte su salud, sino que sea lo adecuado para lo que está necesitando”. De allí que sean cada vez más quienes opten por cultivar su propia planta, de la especie específica para su tratamiento y con la certeza de los cuidados que le dio a lo largo de todo el proceso.
Lo que regula el Estado son las vías de acceso, la tenencia, el autocultivo o cultivo solidario (sin fines comerciales) y el transporte para uso medicinal del cannabis; establece un marco claro en cuanto a permisos (a través del Registro del Programa de Cannabis - Reprocann) y cantidades, de manera que quien esté dentro de ese marco, está absolutamente excluido de la ley penal, es decir, no puede ser penado por ello porque no es delito.
Cannabis y mujer
Baca Paunero se define como feminista y su enfoque de la realidad no puede abstraerse de esa perspectiva. En su libro Cannabis con perspectiva de género. Evolución Legislativa, estado de situación y desafíos desde una mirada feminista, describe de qué manera la relación de las sociedades con la marihuana en el último siglo ha tenido a la mujer como protagonista, ya sea como pretexto para su prohibición o como impulsora de los cambios más recientes en la legislación para regular su uso.
Tapa del libro "Cannabis con perspectiva de género..." de Victoria Baca Paunero.
La especialista señala cuatro aspectos fundamentales en los que se manifiesta esta relación. El primero es el uso de la figura de la mujer para impulsar la prohibición del cannabis que —precisa—, tiene menos de 100 años. “Antes la gente se relacionaba con el cannabis como se relaciona con cualquier otra planta medicinal. En los años 60 entró en el listado de estupefacientes luego de décadas de una campaña muy fuerte de demonización y de moralización del uso, en la que la figura de la mujer era central”. Primero, en los años 20, 30 y 40, como sujeto a proteger, desde una visión de un ser vulnerable y con menos derechos incluso que los niños; “la primera excusa para impulsar la lógica prohibicionista era que las mujeres no se acercaran a la marihuana porque las hacía ‘degenerarse moralmente’”.
Tras la posguerra y la revalorización del rol de madre, en la década del 80 el gran impulso de la campaña moralizadora apelaba a la mujer como la guardiana de la moral del hogar. “Ya sea como persona a proteger, infantilizada o en su rol (específicamente) de madre y de ama de casa, la mujer fue usada como parte de las campañas prohibicionistas en todo el siglo XX”.
El segundo aspecto es el impacto diferenciado en términos de género de los procesos penales por infracción a la ley de drogas, tanto de cannabis como de otras sustancias. De cada 100 personas detenidas en cualquier lugar del país —refiere—, 90 son hombres, y dentro de este grupo no más del 10 o 15 % lo está por infracción a la ley de drogas. En cambio, en el resto de la población detenida (10 sobre 100), compuesto fundamentalmente por mujeres y personas del colectivo LGBTQ+, el porcentaje de quienes lo están por una causa relacionada con drogas llega al 50.
El castigo penal impacta de manera diferenciada en hombres y mujeres y eso se refleja en las estadísticas carcelarias señala la especialista.
La explicación está en que las cadenas del tráfico ilícito de estupefacientes, en general, se apoyan en los colectivos más vulnerables, y la feminización de la pobreza las expone más a caer en estas redes en busca de una forma de supervivencia. A lo que se suma que “son las más fácilmente capturadas por el sistema penal, porque no son grandes narcos, no tienen grandes herramientas, lo hacen en la calle, a la vista, en su propio hogar, donde están al cuidado de sus chicos”. Y quedan encarceladas porque la ley prevé penas muy altas para este tipo de delitos. “Esta misma estadística se replica en Chile, en Brasil, en Paraguay, en América Latina en general”.
En tercer lugar, se observa que en el caso de cannabis, las principales causas tienen que ver con el cultivo, y son las mujeres las que mayormente han encarado esa tarea. “Porque en Argentina entre el 70 y el 80% de las tareas de cuidado está en manos de mujeres, y más del 50% de los hogares argentinos son monomarentales”. Y, además, cuando en un hogar hay una persona con discapacidad, enfermedad crónica o altamente incapacitante —explica Baca Paunero—, en general es la mujer (madre, hija, hermana) la que, para atenderla, deja su vida de lado: desde bañarse regularmente hasta dejar el trabajo, lo que implica ceder su soberanía económica y cualquier otro proyecto personal de vida, para abocarse al cuidado. “Si el cannabis es la herramienta que mejora la calidad de vida de esa persona a la que está cuidando, la mujer va a cultivar. Si eso le garantiza el tratamiento para que el hijo esté conectado, reduzca las crisis convulsivas o los efectos del autismo, que aminore el dolor del párkinson de la madre o que el padre pueda mover las manos y no tenga rigidez absoluta, por supuesto que van a cultivar”.
Finalmente, el cuarto aspecto en el que el protagonismo de la mujer en relación al cannabis se manifiesta notoriamente, es la capacidad que ha tenido en movilizar un sistema que se mostraba reacio a modificar su percepción sobre la planta. “El movimiento cannábico tiene mucha historia en la Argentina —apunta—, y sin embargo no logró mover un ápice la ley penal. Llegaron las madres cuidadoras y, con los chicos en sillas de ruedas y con la disputa por el uso medicinal y el autocultivo, consiguieron, desde 2016 hasta ahora, modificaciones increíbles, con avances que llegan hasta el sistema productivo y que son transversales a todos los partidos políticos. Es imposible pensar que estos avances no tienen cara de mujer, porque fueron ellas las que consiguieron el nivel de empatía para que lo traten los diputados y el Ejecutivo”.
Daniel Oliveto estuvo a cargo del diseño y dictado general del curso “Historia, cultivo y uso terapéutico de Cannabis”.
El nuevo contexto: libertad vs punitivismo
El nuevo contexto político configurado a partir de la elección de una figura que se define como radical-libertaria, pero que designó como ministra de Seguridad a una persona con un claro perfil punitivista, abre un escenario que podría parecer al menos confuso para el universo cannábico. No obstante, Victoria Baca Paunero relativiza el impacto que podría tener una política de “mano dura” que pudiera bajar desde el gobierno nacional.
“Argentina no hizo la revolución del cannabis. Argentina reguló y legalizó aquello que el sistema internacional tiene reconocido y legalizado. Nosotros no tenemos una ley a la uruguaya, tenemos una ley similar a la de más de 50 países que tienen regulado el cannabis y esa legislación se tiene que respetar porque es parte de la Constitución. Si le gusta o no le gusta al funcionario es un problema moral suyo”, afirma.
Y aclara: “quien puede aplicar la ley penal de estupefacientes, quien puede allanar, meter preso, investigar, es un juez. No es la policía la que te puede perseguir y juzgar; su intervención es como auxiliar o en casos excepcionales de flagrancia”. De manera que, “si la persona está fuera de la ley (en cuanto a cantidades, permisos, etc.), claramente está en riesgo, pero no por el poder político de turno sino porque está por fuera de lo regulado”.