En 1878, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se inició la denominada "Campaña al Desierto", bajo el mando del entonces ministro de Guerra Julio A. Roca. El Estado Argentino iniciaba la extensión de las fronteras, con el avance sobre los territorios de pueblos indígenas, apropiándose de ellos y provocando la desarticulación y desmembramiento de aquel mundo cultural. La condición necesaria para el plan era la apropiación, efectiva y definitiva, de la tierra que daba sustento a las primeras naciones desde el fondo milenario de la historia americana.
Amparados en la ley promulgada en 1867, que ordenaba el avance de la frontera hasta el Río Negro —postergado por sucesos internos derivados de la guerra contra Paraguay—, la “conquista” fue impulsada para fortalecer el proyecto de la oligarquía terrateniente, consolidando la hegemonía del Partido Autonomista Nacional (PAN) e incorporando millones de hectáreas para el naciente modelo agroexportador.
De este modo Julio Argentino Roca resulta el ejecutor consciente de una matriz política oligárquica que se desarrolló a partir de 1880, y un verdadero héroe para la oligarquía portuaria que se incorporaba de forma definitiva al mercado mundial, como socios del imperialismo inglés, para satisfacer así la creciente demanda de carne y cereales. A la vez que permitía el ingreso de capitales extranjeros tanto en forma de deuda pública como en inversiones de infraestructura para modernizar el país. Relacionándose de forma claramente dependiente con los potencias del momento, moldearía en adelante una nación asimétrica y desequilibrada, que abrió anchas tranqueras a la ignominia para las clases subalternas desde entonces.
Caricatura de la revista Caras y Caretas en la que se muestra a Julio Roca con la joven Patria aprisionada entre sus brazos. Atrás se ve la puerta de ingreso de inmigrantes, pero condicionada con un gran candado con la inscripción "Ley de Extranjeros". Roca lleva una inmensa llave con la inscripción "Poder".
Los financistas
La estocada inicial se da a través de la Ley N° 947 de Empréstito Nacional, sancionada en octubre de 1878 con el beneplácito oficialista en ambas cámaras, y con el necesario acompañamiento de la oposición dialoguista de entonces. Es una de las principales acciones fundantes del recién concretado Estado Nacional, diseñado por la denominada Generación del 80, pretendiendo haber superado resabios del Virreinato y 70 años de guerras civiles desde la Revolución de Mayo.
Certificado de suscripción al Empréstito Nacional para financiar la "conquista del desierto".
En esencia, la ley daba luz verde al financiamiento para dotar al ejército y la marina, del utillaje, armamento y remonta de tropas necesario para la rápida ocupación definitiva de los territorios entre los ríos Quinto y el Negro, pasando a ser, una vez logrado el propósito, tierras públicas en rápido tramite de enajenamiento a favor de los aportantes a través de la toma de acciones.
La norma establecía que “el Poder Ejecutivo queda autorizado para levantar sobre la base de todas las tierras públicas una suscripción pública para los gastos que demande la ejecución de la ley de 18 agosto de 1867. A medida que avance la línea de frontera se harán mensurar las tierras y levantar planos, dividiéndose en lotes de 10.000 hectáreas, con designación de sus pastos, aguadas y demás calidades…”
Los suscriptores del empréstito de 1878 abonaron la suma de 400 pesos fuertes la legua cuadrada (2.500 hectáreas ) es decir 0,16 centavos la hectárea de terreno a conquistar.
Mapas: "República Argentina 1867". Delineado sobre la base de V. Martín de Mpussy e impreso en Buenos Aires en 1934 por Saint Hermanos; y "Líneas de frontera y conquista del desierto 1774-1783". Fuente: Mapoteca del Archivo General de la Nación.
La condición para entrar al negocio era aportar por cuatro leguas (10.000 hectáreas), con un costo de $1.600. Los capitales suscriptos devengarían 6% de renta anual, que se abonaría por semestre y se amortizaría por medio de adjudicaciones en propiedad de lotes. La enajenación de estas tierras sólo podría hacerse por amortización de títulos.
Se dieron, además, otras facilidades atrayentes, puesto que, tras la efectiva posesión de la tierra recibida por derecho de dominio, del elevado costo de mensura, amojonamiento, subdivisión y loteo de aquellas tierras arrebatadas en toda la extensión de la pampa y norpatagonia, se hizo cargo en su totalidad el Estado Nacional, pagando onerosos contratos a agrimensores y topógrafos, con el visado de los planos de mensuras por el Departamento Nacional de Ingenieros dirigido por Guillermo White[1].
Antonino Cambaceres (1832-1888), fue uno de los más beneficiados con cesión de tierras. Político y hombre de confianza de Roca, recibió 120 mil hectáreas tras la campaña, gran parte de ellas en la zona de la actual Hucal en La Pampa. Foto: Archivo Histórico Nacional.
Liberaba así de estos costos a los financistas que incrementaron escandalosamente el capital invertido inicialmente, casi como un regalo para la élite nacional, capitalistas extranjeros y un puñado de militares de alta graduación y funcionarios con conexión política, acceso a información y aceitados contactos. Las acciones se vendieron rápidamente y se pudieron adelantar los fondos para la acción militar inmediata.
Marcando un rumbo
Lo que siguió es relativamente conocido en su real magnitud y alcance en la tragedia de los pueblos originarios. Se concretaron las principales acciones militares de ocupación divididas en cinco columnas expedicionarias, una de ellas al mando del propio ministro de Guerra, Roca. Sus coroneles, al frente de las restantes, fueron expeditivos en la faena y diligentes para la orden expresa de rápido traslado de la población sobreviviente tras las líneas de frontera, a sitios prefijados con anterioridad.
Y así fue que, el 25 de mayo de 1879, Julio Argentino Roca oficializó el triunfo homenajeando la fecha y bandera patria en las márgenes del Rio Negro. Lo registró el periodismo en flamígeras noticias; quedó graficado en las “vistas” de Antonio Pozzo, fotógrafo oficial de la expedición, y luego con el famoso cuadro de Juan Manuel Blanes[2] expuesto en el Museo Histórico Nacional.
Una de las fotografías más emblemáticas tomada por Antonio Pozzo: el cacique Pincén posando con su lanza y boleadoras, pero ya prisionero.
La tierra ya estaba baldía, pronta para nuevos negocios, y el camino de Roca allanado para acceder a la presidencia de la nación.
Cada quien obtuvo lo suyo y se quedó con algo: los militares, con su gloria, entorchadas estatuas y nombradías en la nueva toponimia de pueblos fundados; el patriciado urbano y holgazán, con los esclavizados cuerpos para su provecho; la Santa Iglesia con las nuevas identidades de almas para la grey; la ciencia, con los huesos y calaveras en las vitrinas de los museos. Y los financistas, claro, con las tierras. Se gestaba un “campo orégano” para reproducir fortunas, perpetuando estirpes y abolengos con un relato aséptico como andamiaje, y las mayorías populares en los márgenes de las mejores tierras y oportunidades.
El cacique Villamain, "Buitre de Oro", sometido en diciembre de 1882, junto a su familia y mujeres de la tribu, en su toldería ubicada a inmediaciones de Ñorquín, en el noroeste de Neuquén, 1883. Foto: Archivo General de la Nación.
Desde estos conceptos es posible hundir la reja en la melga de la historia de un proceso medular que es preciso, saludable y necesario reconstruir. Para conocerlo con algún nivel de detalle en estos ámbitos de divulgación, alcance y comprensión popular, y también, por qué no, para trazar ciertos escandalosos paralelismos con la realidad contemporánea.
Pragmatismo al palo
Mientras los famélicos contingentes de indios aprisionados aún desfilaban a Martín García y a la acelerada disolución de su dignidad, el propio gobierno nacional —acólito de la oligarquía agropecuaria—, provocó una estampida especulativa con las tierras obtenidas.
Recluídos en la isla Martín García, los prisioneros padecían hambre y enfermedades, como se observa en el parte “Hombres del Lazareto… inútiles o débiles”. Archivo General de la Armada. Caja 15283.
Multiplicando sus réditos, los propios tenedores privados del Empréstito, en gran proporción tendieron a entablar relaciones financieras con bancos europeos, debido a la crisis económica derivada del tironeo político por la reforma monetaria y el proyecto de creación del nuevo peso nacional para reemplazar el peso fuerte corriente, desvalorizado por la escasez de circulante y un variopinto de diferentes monedas con valores, cambios y tipos dispares en las provincias.
La especulación con las tierras obtenidas se dio por medio de cédulas hipotecarias que circulaban en todo el ámbito financiero europeo, con amortizaciones e intereses abonados en pesos argentinos desvalorizados. Con cada pérdida de valor, disminuía la deuda contraída. Entonces, muchos propietarios hipotecaban para comprar otras tierras y así, con la utilidad lograda, se hacían de oro o plata, que se valorizaban con la depreciación del peso papel que ellos mismos provocaban.
Este marcado proceso inflacionista inducido golpeó a los trabajadores y asalariados en beneficio de los propietarios, que vendían a patrón oro o plata en el exterior, los productos primarios de sus tierras o las tierras mismas.
Inmediatamente comenzaron a aparecer en plena pampa residencias que recordaban castillos franceses o implantes de mansiones de la campiña inglesa. De entonces datan los recuerdos de dilapidación y despilfarro en París, “la vaca atada” en el barco y los “tirar manteca al techo”[3] en la Costa Azul.
La expresión "Tirar manteca al techo" se atribuye a una práctica inventada por "Macoco" Álzaga Unzué (foto), quien se divertía con sus amigos en los cabarets parisinos haciendo ostentación de su riqueza arrojando literalmente manteca a los techos.
El libro Estampas del pasado, compilado por José Luis Busaniche[4], ejemplifica cómo se negociaban las tierras con el caso de Mayol de Senillosa que, conociendo casualmente en Buenos Aires al coronel Rudencindo Roca —hermano del presidente—, le comenta que, entre otras más, posee 12 leguas de campo en la zona del Fuerte Victorica. El audaz joven, que no disponía de un céntimo pero sí de coraje, rapidez y desenfado, le propone la compra a 2.000 pesos la legua, a pagar en una semana, propuesta que acepta Roca, porque triplicaba rápidamente lo que había pagado por ellas en el Empréstito. Antes de cumplirse el tiempo para el pago, Mayol de Senillosa las pone a remate en la Casa Bullrich y las coloca a 7.000 pesos la legua. En pocos días, sin haber puesto un solo peso, había ganado 36.000 pesos oro —unos 80.000 pesos papel, según él mismo lo explica—, lo que le permite pagar el compromiso y reinvertir inmediatamente, adquiriendo a la firma Casey & Co. otras doce leguas contiguas. Seguidamente, en un típico “revoleo” vende ese paquete y compra una estancia en el Partido de Lobería (provincia de Buenos AIres), que negocia al poco tiempo en 150.000 pesos.
Tomamos datos de La Argentina de Harry S. Ferns[5], que señala que en la provincia de Buenos Aires la tierra aumentó de valor entre 1883 y 1884 en un 1.000%; en Santa Fe, 420%; y en Córdoba, 750%; aumentos que avalan y dan marco al caso narrado, inmerso en un proceso que corre ajeno a premisas y tamices republicanos, echando un manto de adversidades sobre los principios constitucionales que establecían, como matriz y basamento, la igualdad de oportunidades y la apertura a los expulsados de Europa y a todos los hombres del mundo que quisieran habitar suelo argentino. Para ellos no hubo lugar; solo esperar 70 años para el arribo de la legislación de Arrendamientos y Aparcerías Rurales[6] de 1948, que buscaba desandar el camino de invisibilización de amplios sujetos sociales, que emergían a la escena nacional perfilando un nuevo país posible.
Afiche de la campaña impulsada en el marco de la Ley Nacional de Arrendamiento y Aparcerías Rurales de 1948.
Hecha la ley…
Como se puede apreciar, a poco de analizar documentación, el propio Poder Ejecutivo Nacional viola la legislación permitiendo transgresiones e ignorando sin pudor el efectivo cumplimiento del artículo 10 de la referida ley, que expresaba que la base para la venta de la tierra sería de cuatrocientos pesos fuertes, o sea el valor de una acción por legua cuadrada; pero la enajenación no podrá hacerse sino “por lotes de cuatro leguas cuadradas y tampoco podrán adjudicarse más de tres lotes a nombre de una misma persona”.
Veamos qué decía al respecto el periódico El Nacional del sábado 30 de noviembre de 1878, bajo el titulo “Sucesos en la frontera”:
“El coronel Levalle, con la columna expedicionaria, sigue en busca de los indios confederados. Mientras que el enemigo retrocede en desorden, las familias de los guerreros indígenas están en Quiñe-Malal” (hoy General Acha). Y continúa: “…el éxito de la expedición realmente audaz, viene á dar el mayor impulso á la colocación de los fondos del Empréstito Nacional. Ante el resultado obtenido, inmediatamente se han efectuado estas suscripciones: Señor Martínez de Hoz y Co. 1.000 leguas; Señor Saturnino Unzué é hijos, 200 leguas; Señor Belisario Hueyo y Co. 100 leguas -- Total de pedidos 1.300 leguas. El señor Unzué compra los campos de Guaminí y el señor Hueyo los de Carhué. Tomamos estos datos en la Bolsa de Comercio. Allí mismo se nos asegura que un fuerte comerciante inglés escribe de Londres diciendo que tiene pendiente una negociación para adquirir toda la tierra que no sea colocada en la República. Pide plazo hasta el 14 de enero para hacer un telegrama anunciado el éxito ó el fracaso de su negociación…”.
Fundadores de la actual Sociedad Rural Argentina. Al centro, abajo, José Toribio Martínez de Hoz (1823 - 1871), su primer presidente y portador de uno de los apellidos más beneficiados en el reparto de tierras "conquistadas".
También encontramos similares irregularidades en la Sección Segunda del entonces Territorio de La Pampa, con un millón de hectáreas otorgadas a tan solo 55 adjudicatarios: de una simple cuenta surge el quebranto de la normativa, excediéndose notablemente Juan Drysdale, con 6 lotes adjudicados (60.000 has.); José Drysdale, con 7 lotes (65.000 has.); Tomás Drysdale, con 6 lotes (60.000 hs.); y Salvador Del Carril, con 13 lotes (130.000 has).
Se evidencia, además, otro importante incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional que no tomó los recaudos establecidos en el artículo 19 de la misma ley, que señalaba que se reservaría, en las partes que considere más conveniente, los terrenos necesarios para la creación de nuevos pueblos, ya que en la totalidad de la enorme extensión de 10.000 km2 no se reservó ni un solo metro para beneficio público general.
La relación entre la oligarquía ganadera y el Estado militarizado se extendería a lo largo del tiempo, como quedó plasmado en la última dictadura militar, con otro Martínez de Hoz (Alfredo) como ministro de Economía. En la foto, junto al presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Resultó así que los pueblos de Victorica y General Acha fueron fundados en 1882 en propiedades ya adjudicadas a financistas del Empréstito. Por lo tanto, el Estado tuvo que readquirir las tierras mediante la Ley 1.548, de 1884, con valores que se acrecentaron en 1.275,5% de ganancia para el caso del tenedor de Victorica y en 2.400% para el de General Acha.
Hablando de valores
Dentro de la Sección Catastral Segunda de La Pampa también figura la adjudicación de las 20.000 hectáreas (cuatro leguas cuadradas, o sea dos lotes) al coronel Remigio Gil, donde se fundaría posteriormente la ciudad de Santa Rosa, con su propia historia de encarecimiento de las tierras urbanas, especulación mediante.
Toldería de Mariano Rosas, homónimo del gran cacique ranquel. Foto tomada en 1900 en el "montecito Gil", a la vera de la laguna Don Tomás, tierras que habían sido adjudicadas al coronel Remigio Gil. Se identifica a Tomás Mason y un jinete (posiblemente Mariano Rosas). Se observan dos toldos y el espacio de cocina o fogón debajo del gran caldén. La imagen fue publicada en el libro "Los rostros de la tierra" (2001), de José C. Depetris y Pedro Vigne.
En la aldea de 1892, Tomás Mason —factótum y suegro del coronel Gil— vendía cada terreno de 25 por 50 metros a 50 pesos; es decir que los ocho terrenos que componían la típica manzana del damero urbano del trazado inicial totalizaban 400 pesos, idéntico importe que había pagado Gil por cada legua cuadrada.
Cuando ya don Tomás era un recuerdo o casi un olvido, la rémora de la Sucesión Gil —administradora celosa del residual de terrenos de la familia fundadora— alargó su presencia feudal hasta los años 50 del siglo pasado, condicionando el normal desenvolvimiento de la ciudad. Los solares céntricos o estratégicos retenidos, mantenían baldía a Santa Rosa en sus cuatro quintas partes. Esta actitud retardataria provocó la desarmonía de la mancha urbana y generó la opinión de viejos pioneros, tantas veces escuchada en nuestra niñez: “la ciudad se hizo… pese a don Tomás!!” Pero claro, esa es otra historia….
* José Carlos Depetris
Escritor e investigador de la historial regional
Notas
[1] Guillermo White (1844 - 1926) fue uno de los primeros ingenieros egresados de la Universidad de Buenos Aires. En su honor se nombró la localidad portuaria cercana a Bahía Blanca.
[2] Célebre pintor uruguayo (1830 - 1901), reconocido en el Río de la Plata por sus obras testimoniales de hechos históricos.
[3] Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué, “Macoco” (1901 - 1982), uno de los célebres exponentes de los “niños bien” herederos de las principales fortunas argentinas. Descenciente de familia patricia por parte de padre y nieto, por parte de madre, de Saturnino Unzué, quien recibió 250 mil hectáreas por su contribución a la campaña de Roca.
[4] José Luis Busaniche (1892 - 1959), abogado e historiador argentino, uno de los más destacados exponentes del revisionismo histórico.
[5] Harry S. Ferns (1913 - 1992), historiador canadiense especializado en historia argentina, autor de los libros La Argentina (Ed. Sudamericana, 1973) y Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX (Solar-Hachette, 1968).
[6] La Ley Nacional 13.246 de Arrendamiento y Aparcerías Rurales, fue sancionada en septiembre de 1948, vino a subsanar y regular los hasta entonces abusivos contratos que sufrían los pequeños arrendatarios y chacareros, víctimas de la codicia de los grandes terratenientes latifundistas usufructuarios de millones de hectáreas entregadas por el Estado merced a la Ley de Emprestito Nacional.