El hurto, robo y destrucción de transformadores de energía se mueve en una forma de espiral que no parece encontrar límites, en particular durante los últimos dos años. El o los delitos en los que incurren quienes se animan a este tipo de actividad no ha encontrado, por ahora, respuestas eficientes —y menos aún rápidas— de parte del Estado, o en realidad de los Estados, porque el flagelo se extiende a buena parte del territorio nacional.
Las cooperativas de distribución eléctrica sufren estos delitos y sus inevitables pérdidas económicas. Se suman los inconvenientes a las y los usuarios que se quedan sin el servicio de energía. Según diversas voces, el motivo central es el robo del cobre que lógicamente encuentra un mercado ilegal de compra y venta. También es cierto que, si bien hay momentos en los que se registra una especie de ola de robos, este delito no es nuevo ni ha tenido respuestas concretas e integrales, tanto en nuestra provincia como en el país.
En la CPE
El ingeniero Pablo Cappello, gerente del área de Energía de la CPE, reconoció que crece la preocupación porque en los últimos meses se disparó la cantidad de hechos delictivos. Recordó que esto ocurre en mayor o menor medida desde hace unos doce años y que la zona más afectada es la línea de pozos de agua del acuífero Anguil/Santa Rosa. En la ciudad capital, la zona noreste es donde más casos se han detectado. Como parte del protocolo, la CPE denuncia ante la policía cada uno de estos hechos.
Durante el último año, los robos y destrozos superan los doce casos. En enero se colocó un transformador de 16 kVA en reemplazo de uno robado en la línea del acuífero Anguil (pozos 10 y 21). En la zona del viejo autódromo de Santa Rosa, en febrero se colocó uno de 10 kVA en reemplazo de otro desarmado por intento de hurto, y en julio otro de 10 kVA en reemplazo de otro robado también en el pozo 21.
Durante el mes de julio se retiró un transformador de 315 kVA vandalizado —del que se recuperó la cuba— en la zona del Bajo Giuliani; y durante agosto se reemplazó un transformador de 40 kVA por hurto, sobre avenida Eva Perón, y otro de 50 kVA caído durante un intento de robo, y se colocó uno de 40 kVA, en la zona del IPESA. En septiembre se instaló uno de 10 kVA, debido a un robo, en el pozo 47 de la línea de pozos de agua, y durante octubre se reemplazó un transformador de 63 kVA robado, que alimenta los pozos 37, 38 y 39, mientras que en la zona rural de Anguil, en el pozo 38, se repuso un transformador de 16 kVA, y otro también vandalizado de 100 kVA.
Finalmente durante el reciente mes de noviembre, en la zona urbana de La Gloria, se robaron un transformador del servicio eléctrico que estaba fuera de servicio, equipo valuado entre 1.500 y 1.800 dólares. Además, se registró el robo de un transformador de 100 kVA en cercanías del predio de APANI, al norte de Santa Rosa, y otro en la zona del nuevo Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay.
En todo el país
Basta con un simple tecleo en algún buscador de internet, indicando “robo de transformadores de energía”, para encontrar casos similares en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y La Pampa, donde las cooperativas eléctricas, en especial las que brindan energía rural, son las más afectadas.
En Mendoza. José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) y, a su vez, de la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande, afirmó que la situación es “alarmante”. Al Este de Mendoza han registrado el robo de un transformador por semana. En el último caso, tiraron el transformador de una plataforma en altura, lo desarmaron y se robaron las tres bobinas, además de dañar tableros de comando y medición. Fue el robo número 13 que sufrió la cooperativa durante el año y que ya se suma unos 50.
Los hechos también han afectado a las cooperativas mendocinas de electricidad rural de San Martín y a la eléctrica de General Alvear, que ya registró el robo de 10 transformadores en la zona del agro. En la entidad precisan que el perjuicio económico para la cooperativa es realmente importante “porque el valor de un transformador es muy alto, mientras que el valor del cobre que pueden sacarle es ínfimo comparado con el valor de la máquina”.
En Córdoba. Las cooperativas cordobesas de Servicios Públicos de Almafuerte y la Eléctrica de General Roca (Cegro) denunciaron daños en la infraestructura energética y destrucción total de transformadores para extraer las bobinas que contienen el cobre. En el caso de Almafuerte, el décimo del año, ocurrió en un loteo llamado “Tierras del Este II”, donde literalmente tiraron un equipo desde 4,5 metros de altura y robaron el cableado de baja tensión. A principios de año, la policía de Córdoba secuestró más de 400 kilos de cobre relacionados al robo de transformadores.
Otra cordobesa, la Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y Servicios Públicos de Los Cisnes, denunció el robo de un transformador de 80 kVA, que abastece la antena de una empresa de telefonía móvil. El equipo estaba ubicado en el km 527 de la ruta nacional 8. En términos económicos, representó una pérdida de 400 mil pesos.
En Buenos Aires. La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno ha sufrido, hasta con una frecuencia casi semanal, hechos de vandalismo sobre los transformadores. La Cooperativa Eléctrica de Carmen de Areco, que también denunció robos de transformadores, ha reclamado medidas para combatir a los acopiadores y compradores del cobre, y solicitado a sus usuarios, fundamentalmente a los que se encuentren en zonas de menor tránsito, “mantenerse alertas ante movimientos sospechosos en las cercanías de los transformadores o cortes de energía, avisando a la mayor brevedad a la Cooperativa y/o policía”. Autoridades de EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica) han denunciado robos de transformadores y cable en distintas instalaciones de su red eléctrica en Mar del Plata.
En Río Negro. EdERSA es la empresa encargada de la distribución, comercialización, generación aislada y transporte de energía eléctrica (exceptuando Bariloche y el Departamento de Pichi Mahuida). Ha denunciado el robo de casi 70 transformadores en los últimos meses. En la zona rural de Allen, hace pocas semanas, vandalizaron y robaron un transformador de 100 kVA de potencia. En la zona de Villa Regina tumbaron una línea y se llevaron más de 2.000 metros de cable de media tensión. EdERSA ha denunciado pérdidas de más de $ 70 millones por estos delitos en lo que va del año.
En Tucumán. La EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán) denunció que durante 2021 los daños provocados por los robos de cables y transformadores, alcanzaron un valor de $ 20 millones, por el robo de 57 equipos.
En Chaco. La Cooperativa Eléctrica La Unión ha sufrido el robo de transformadores en zonas de Bajo Hondo, La Mascota, Colonia El Toba, Lote 10 de La Tigra y Pampa Napenay. También han pedido que se avise a la policía en caso de detectar gente en proximidades de los transformadores rurales.
En Santa Fe. La empresa Aguas Santafesinas ha sufrido robo de transformadores que abastecen sus pozos de captación de agua, ubicados en zonas rurales.
Dudas comunes
Las investigaciones policiales, en general, no han dado mayores resultados. Y se amontonan dudas comunes en todo el país: ¿cómo se hace la reducción y cómo se sacan de la zona el cobre y los cables? ¿Quién se anima a un robo que implica conocimientos técnicos mínimos para llevarse líneas de baja tensión o de media tensión por los que circulan hasta 13,2 kV? ¿Cuál puede ser la estrategia correcta para que estos delitos frenen?
Los delitos incluyen desconexión, desarme y vaciado del aceite que se usa como refrigerante, el robo del cobre y de cableados, todo lo que deviene en la imposible recuperación del transformador que termina siendo chatarra. Son recursos económicos (algunos transformadores pueden costar casi 10 mil dólares), horas de personal que se deriva a tareas urgentes para restablecer el servicio y un stock de transformadores que se debe conservar.
En la provincia de Mendoza, a fines de agosto, obtuvo media sanción un proyecto contra el robo de cobre, que busca regular la compraventa del cobre y metales no ferrosos con el objetivo de evitar uno de los delitos involucrados. Las denuncias indican que la modalidad fue de las que más creció desde el 2021 y afecta principalmente el servicio eléctrico en las zonas rurales. La idea es establecer un régimen preventivo y de control de actividades con esos metales y otorgarles a las fuerzas de seguridad facultades de incumbencia para su abordaje.