Diciembre y enero mostraron las debilidades del sistema eléctrico aunque -vale recordarlo- en la ciudad de Buenos Aires en particular. Atento a esta condición, no obstante sirve no esquivar el debate y la posibilidad de generar propuestas superadoras.
Publicada en marzo de 2014
La gran transformación del sistema eléctrico argentino se inició con la sanción de la Ley 23696 de Reforma del Estado en 1990 y cobró mayor impulso con la sanción de la Ley 24065 de Desregulación del Mercado Eléctrico en 1992. El concepto de la época era que el Estado debía retirarse del rol empresario y planificador para quedarse solo como regulador, dando un vuelco al esquema de organización vigente desde 1943 que a su vez pretendió corregir los inconvenientes registrados principalmente en el área de Buenos Aires.
Por aquel entonces, las empresas que atendían el servicio –casi exclusivamente de capitales extranjeros- se repartían el mercado en forma oligopólica – con mala prestación de los servicios, violación de las concesiones, defraudación al fisco y tarifas abusivas como lo refleja el Informe Rodriguez Conde de 1945-, concentrando su actividad en los centros más poblados, descuidando las zonas más alejadas y rurales. El nacimiento de la CPE está fuertemente ligado a ese proceso histórico.
Desregulación
La desregulación de la actividad eléctrica puesta en práctica en 1992 dividió el sector en tres segmentos: generación, transporte y distribución. Se asumía que la generación era una actividad de riesgo y por lo tanto se fomentó el ingreso del capital privado. La distribución por ser un monopolio natural, se entregaría a la actividad privada bajo la forma de concesiones. El transporte, por las características de las instalaciones y lo dilatado de nuestra geografía, se concesionaría también pero a una sola empresa.
Era prevalente el concepto –no despojado de un fuerte contenido ideológico- que a través de la competencia se podría asegurar un desempeño eficiente. En el largo plazo, el modelo desnuda intereses encontrados entre generadores y distribuidores, unos querrán minimizar el capital invertido, con independencia del precio de cada kWh procurando que sea el mayor posible para incrementar sus ganancias, los distribuidores buscarán reducir sus costos, entre ellos el de la electricidad para poder competir mejor con otros actores en el mercado final.
Por ello, el rol del Estado como regulador debería ser preponderante. La complejidad de todo sistema de abastecimiento eléctrico está dada porque la distribución es a través de un vínculo físico, existe imposibilidad de almacenamiento, debe asegurase un abastecimiento instantáneo, hay una dinámica de crecimiento impuesta por diversos factores, se requiere de importantes inversiones y de un horizonte de planeamiento. A pesar de la presión privatista de los 90, no todas las jurisdicciones provinciales cedieron sus empresas de energía y en el segmento de la generación, el Estado conservó algunas centrales.
Desde 2003
Desde 2003, el Estado Nacional ejecutó diversas obras en generación y transporte en alta tensión, necesarios para apoyar el crecimiento de la actividad industrial y comercial y el mayor consumo residencial. Prueba de lo señalado es el crecimiento del 67% en la demanda máxima satisfecha en enero de 2014 que llegó a 24,034 MW frente a 14,359 MW del año 2003.
Por su parte, en el segmento de la distribución, continuaron las concesiones de los años 90 con la sola excepción de EDELAP –empresa distribuidora que opera en la ciudad de La Plata y seis partidos de Provincia de Buenos Aires- cuyo contrato fue renegociado en el año 2005. Las concesiones nacionales en la distribución –caso EDENOR y EDESUR- le imponían al distribuidor la obligación de suministrar - a riesgo de ser severamente penalizado- y con ello se entendía que quedaba garantizado el nivel de inversiones para atender adecuadamente su demanda.
La crisis manifestada en diciembre de 2013 y enero de 2014, con la falta de servicio padecida por amplios sectores de Capital Federal y de numerosos partidos de la Provincia de Buenos Aires, durante períodos prolongados, ha sido de tal magnitud que ha puesto en discusión la continuidad de las concesiones otorgadas. Hechos de tamaña gravedad, seguramente responden a múltiples causas y se impone un análisis técnico objetivo y multidisciplinario sobre sus orígenes de manera que se adopten las decisiones correctas.
A modo de aporte, podría plantearse:
1- El esquema contenido en los contratos de concesión, en cuanto a que el nivel de inversión se decide por la señal de precios de las multas por mala calidad, es el adecuado y, en tal caso, ¿es suficiente?
2- El congelamiento de tarifas –que si bien en los primeros años posteriores a la crisis del 2001 se justificaba como forma de favorecer el consumo- ¿no merecería ser revisado? Los subsidios a quienes lo necesitan son necesarios pero orientado a sectores o actividades que pueden pagar los precios plenos es irresponsable.
3- La política de subsidios, en la medida que el precio final de la energía sea bajo, favorece el derroche y desalienta las acciones para incorporar materiales y prácticas que lleven a un uso eficiente de la energía. Los subsidios en consumos innecesarios o ineficientes no solo son inequitativos sino que distraen recursos del Estado y en definitiva es una carga para la sociedad. La quita de subsidios del Estado Nacional iniciada en 2011 sigue vigente, pero desde 2012 no se incorporaron otros sectores.
4- ¿Está siendo correcta la acción regulatoria de los Entes específicos? Es ingenuo pretender que actores privados subordinen su interés empresario, y es imprescindible que el Estado ejerza eficazmente la función regulatoria velando por el interés de la sociedad, por la seguridad pública, el uso eficiente de los recursos y el apoyo al desarrollo económico.
5- ¿Se ha dado un cambio en los patrones de consumo en la población que merezca ser tomado en cuenta a los fines de la elaboración de las prospectivas? Sabida es la mayor dependencia que existe hoy respecto a la energía eléctrica, pero ¿qué impacto tiene en las estimaciones de las demandas futuras la incorporación de elementos de confort en forma masiva?
6- ¿No sería oportuno incorporar a la discusión a las asociaciones de consumidores? ¿Cuál es el rol de los usuarios?
*El ingeniero Luis Usero es Gerente de Servicio Eléctrico y Alumbrado Público de la CPE