El gobierno nacional dispuso, desde este mes de febrero, un aumento de entre el 157 y el 491 por ciento en la energía eléctrica mayorista —dependiendo de la categoría—, con la sola excepción de la demanda de los usuarios residenciales calificados como de bajos ingresos e ingresos medios pero hasta 400 kWh/mes. Es decir que el costo de la energía que la Administración Provincial de Energía de La Pampa (APE) compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para luego vender a las cooperativas de la provincia, que finalmente la distribuyen en todo el territorio pampeano, se multiplicará casi por 3.
Por tal motivo, los asociados verán un importante incremento en las facturas de luz que tendrán fecha de vencimiento en abril, cuando las cooperativas percibirán los montos de la energía consumida en el período 2 (febrero).
La brutalidad del incremento se inscribe en una concepción de la energía como un producto que debe dar ganancias extraordinarias a toda costa a quienes la generan, y no como un servicio imprescindible para el país y su gente. Esta mirada no sólo choca con la visión cooperativista del servicio, sino también con la política de muchos países desarrollados de Europa y otras regiones —todos capitalistas, algunos liberales, otros conservadores—, que conciben a la energía como un pilar del desarrollo productivo de sus naciones y del bienestar de sus habitantes. Y que, por lo tanto, aplican constantes políticas de subsidios algunos o controles de tarifas otros, sabiendo que una tarifa “sincerada” llevaría los costos a precios insostenibles para industrias, comercios y familias.
Otra vez
El actual gobierno nacional ha reanudado un ciclo que tuvo su apogeo entre los años 2016 y 2019: una transferencia descomunal de dinero de parte de los usuarios a las grandes energéticas privadas.
Mientras tanto, las cooperativas pampeanas —último eslabón de esta cadena de transferencia de ingresos al gran capital— serán, una vez más, quienes pongan la cara ante el lógico fastidio de la gente. Desde la CPE vemos con preocupación el impacto de estas medidas, en un contexto de ajuste que aún no ha llegado a su máxima expresión.
El lenguaje impuesto por el presidente Milei y funcionarios nacionales, repetido y multiplicado por la prensa, utiliza eufemismos como “motosierra” y “licuadora”. Uno, para graficar el ajuste; otro, para ilustrar la pérdida de ingresos económicos de las familias en un movimiento de pinzas devaluatorio/inflacionario fríamente elaborado.
Desde La Pampa podemos ver con claridad otro eufemismo que esconde una política lamentable: “aspiradora”. Eso es lo que sucede cuando se privilegian las ganancias de los más poderosos. En un caso testigo residencial sin subsidio (que cada vez incluirá a más personas debido a la quita progresiva), por ejemplo, de cada 100 pesos que una familia pampeana abona por la electricidad, 57 pesos van a las generadoras, transportista y —en concepto de cargos e impuestos— al Estado Nacional que, por si esto fuera poco, ya anunció que reducirá los fondos coparticipables a su mínima expresión.
La palabra “cooperativismo” no ha sido pronunciada aún por ningún funcionario. Sabemos que para el actual presidente, quien se autodefine como “anarco-capitalista”, no figura en su radar nada parecido a empresas sociales, aunque estas, como la CPE, sean emprendimientos privados que la gente ha desarrollado para brindarse servicios. Esta realidad política del país no es novedosa para el modelo solidario. No es la primera vez que desde ámbitos nacionales desprecian al cooperativismo porque ven en él cierto riesgo para los negocios privados que se fomentan. Esto nos ha dado a todos los que integramos cooperativas —asociados, delegados, consejeros, empleados— una suerte de ejercicio de resiliencia.
El período iniciado en diciembre de 2023, con la elección de un presidente que promueve y ejecuta medidas extremas, es un desafío para todas las personas que desde hace 200 años apostamos por esta forma de convivencia y crecimiento, un sistema de cooperación que, contrariamente a lo que ha sucedido con experiencias extremistas, ha demostrado saber perdurar en el tiempo de manera sustentable, ofreciendo soluciones colectivas a nuestros problemas. Todo lo opuesto al discurso de moda.
* Manuel Simpson es presidente de la CPE.