La Fundación Chadileuvú escribió para 1º de Octubre un resumen sobre la situación actual de su lucha y la de los pampeanos por la vuelta de los ríos.
Publicada en febrero de 2015
El prolongado litigio que La Pampa enfrenta por los ríos Salado-Chadileuvú y Atuel, y especialmente lo que hace a este último, apropiado por la provincia de Mendoza en un proceso cercano al siglo de existencia, ha tenido en los últimos años algunas novedades significativas. En esa condición puede considerarse el cambio de actitud del gobierno pampeano —empecinado durante años en mantener “negociaciones políticas” que nunca condujeron a nada— al inicio de un nuevo planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aprovechando acaso las nuevas posibilidades que han abierto en el campo de las leyes la necesidad de respeto al ambiente y prevención en las acciones que puedan modificarlo. Ese proceder oficial se vio precedido por iniciativas particulares (una de ellas por parte de la Fundación Chadileuvú) que aprovecharon esa coyuntura jurídica prácticamente sin existencia cuarenta años atrás, cuando se gestó el primer juicio contra Mendoza, que nos dio la razón pero no el agua que nos corresponde. En la ocasión lo más notorio es que la nueva demanda ha sido aceptada por la Corte, aparentemente a la luz de las mencionadas nuevas concepciones jurídico-ecológicas; se sabe que el alto tribunal actualmente recaba pruebas documentales en los organismos pertinentes.
El proceder de la Corte aparece como lógico en un momento en que el mundo entero ha entrado en una etapa muy peligrosa en cuanto al aprovechamiento y deterioro de sus recursos naturales y, más allá de los argumentos legales, la trasformación en un desierto de una superficie de varios miles de kilómetros cuadrados, potencialmente rica y habitable, constituye una prueba imposible de refutar, especialmente si los argumentos que se le oponen se basan en el empecinamiento y no en la razón.
Esta nueva actitud ante la naturaleza agredida que ha ganado el sector jurídico, se hace evidente también en otros aspectos del quehacer nacional. De hecho es como si el tema Atuel y sus implicancias políticas, sociales y económicas hubiera sido descubierto recientemente por el país todo, pese a que La Pampa lo viene pregonando en diversos niveles desde hace más de medio siglo. Esta circunstancia, curiosa y positiva, se evidencia en el interés múltiple de los grandes medios de difusión nacionales que, bajo distintas ópticas pero siempre favorables a la postura pampeana, se han ocupado del tema en los últimos dos años.
Por esa y otras causas también dentro de la provincia se observó una reactivación de la lucha por los ríos. En distintas localidades surgieron instituciones populares espontáneas que implementaron variadas acciones públicas, desde propaganda en rutas hasta manifestaciones ante la propia Casa de Mendoza en la Capital Federal. Estas reacciones populares parecieron surgir ante la zigzagueante política hídrica de los distintos gobiernos de los últimos treinta años, que alternaron la brega con la indiferencia y que —es evidente—no tuvieron absolutamente ningún resultado positivo. Al respecto puede decirse que solamente la Fundación Chadileuvú, una institución surgida y crecida al calor popular que siempre actuó bajo la frase “El río Atuel también es pampeano”, sostuvo siempre la necesidad de una lucha que acompañara a cualquier tipo de negociación.
A la Fuchad, precisamente, se deben las masivas campañas de educación escolar en el tema, la trascendencia periodística nacional, la presencia en el país y consideración del problema por parte del Tribunal Latinoamericano del Agua y la concreción —largamente postergada— de una cátedra libre de Recursos Hídricos Pampeanos, creada en la Universidad Nacional de La Pampa. También hay que destacar que fue esta institución quien primero volvió a solicitar juicio a la provincia de Mendoza por el caso Atuel ante la Corte Suprema. El pedido fue rechazado por el alto tribunal debido a razones formales pero constituyó un hito histórico de acción por parte de la comunidad pampeana; además se constituyó en el antecedente directo del que los abogados Palazzani y Gil Domínguez entablaron exitosamente.
El interés por el tema no se concretó solamente en los medios nacionales. El año pasado dio la vuelta al mundo (y fue publicada en varios países) una amplia nota sobre “el río robado” que redactara un periodista neutral y calificado. En el mismo sentido un organismo prestigioso como lo es el Tribunal Latinoamericano del Agua, que integran calificadísimas figuras de distintos países americanos y europeos, consideró el problema y dio su veredicto en un fallo totalmente favorable a La Pampa. No deja de ser curioso, y hasta se diría lamentable, que en el proceso previo se ofrecieron a la provincia de Mendoza todas las garantías para que hiciera su defensa al respecto, pero los cuyanos ni siquiera se dignaron concurrir a la sesión, enviando —apenas— una carta casi agraviante para con el cuerpo colegiado internacional.
Esa actitud mendocina parece acorde con la actual postura de la provincia en lo que hace al tema. Imposibilitados de seguir sosteniendo que el río “nace y finaliza en Mendoza” por el anterior fallo de la corte, que lo declaró interprovincial, pareciera que Mendoza se abroquela ahora en la esperanza de la ingenuidad pampeana (que por cierto le dio buenos resultados durante décadas), aduciendo que el agua del Atuel no alcanza actualmente para regar la superficie que le asignó el fallo de la Corte (afirmación que invita a meditar, de paso, en la entidad de ese fallo…), lamentando que La Pampa haya optado por el pleito y no por la negociación. Se ampara, también, en la pobreza hídrica de los últimos años, que atribuye a un posible cambio climático, pero no recuerda que durante décadas, cuando le sobró agua tampoco quiso convenir con nuestra provincia.
Lo singular es que a estos vaivenes jurídicos, políticos y técnicos la provincia arribeña propone, a través de sus voceros oficiales y oficiosos, una insidiosa frase: “habrá agua para todos”; la forma de conseguirla es por demás singular: que La Pampa desvíe el cupo que le corresponde del caudal del río Colorado a las futuras obras de trasvase que hará Mendoza desde el río Grande, para que así lleguen al Atuel ¡Nada menos!! Si nuestra provincia accediera a esa absurda propuesta no solamente estaría fecundando el lecho del Atuel con agua que le pertenece, sino que afectaría el Tratado del Colorado, que tiene carácter de Ley Nacional. Además, siempre dentro de ese supuesto, esos hipotéticos caudales aumentarían la producción hidroeléctrica de Los Nihuiles y llegarían a nuestra provincia como posible efluente de sales de las nuevas tierras bajo riego que se habilitarían en el sur de la vecina provincia.
Como se ve nada lerdos los “hermanos mendocinos”.
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