El Doctor en Leyes y especialista en Derecho de la Comunicación Miguel Rodríguez Villafañe aseguró que el Grupo Clarín lo que busca no es solamente el monopolio económico, sino, y especialmente, el del pensamiento, y que por eso la CPE ha sido uno de sus blancos especiales, porque el cooperativismo es lo contrario de lo que está acostumbrado a conseguir.
En una charla abierta organizada en el contexto de la avanzada del grupo bajo el sello de Movistar, con un fenomenal despliegue de cuadrillas tendiendo fibra óptica en Santa Rosa a pesar de no contar con la aprobación municipal, Rodríguez Villafañe hizo un repaso del recorrido de Clarín y sus vínculos con los grandes grupos financieros internacionales y los del poder político, hasta alcanzar un monopolio de hecho en casi todos los sectores en los que ha diversificado su actividad.
En ese derrotero, aparecen como hitos la entrega de Papel Prensa por el gobierno militar, las privatizaciones de la época de Carlos Menem, la pesificación de buena parte de su deuda en 2001, la eliminación de los artículos anti monopólicos en los primeros días de la gestión de Mauricio Macri, y la desregulación total del mercado y la eliminación del carácter de “servicio público” para las comunicaciones, con la actual presidencia de Javier Milei.
Para Rodríguez Villafañe, lo de Clarín es un proyecto de dominación financiera que tiene implicancias culturales y sociales “pornográficamente negativas”. “Si se tiene el 70% del mercado —señaló— está muy cerca de instalar el pensamiento único”. La reciente fusión de Telecom y Telefónica, aunque no aprobada por el gobierno nacional, pero ejecutada de hecho por el Grupo, lo coloca como el actor dominante del escenario de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, con la mirada puesta en la llegada inminente del 5G.
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En este marco, según el especialista, los lugares donde el cooperativismo logró consolidarse en la prestación de servicios de comunicación, no solamente representan un obstáculo para el despliegue de sus intereses empresariales, sino que oponen un tipo de discurso contrario al que sustenta su avanzada como grupo de poder económico y político: “la lucha es entre el individualismo de mercado y un cooperativismo solidario; al discurso de odio, la cooperativa ha opuesto el discurso de las buenas prácticas”, afirmó.
Defensa obligada
En relación a la situación puntual del avance del tendido de nuevas redes en Santa Rosa por parte de Movistar, sin contar con la autorización municipal, sin cumplimentar siquiera los requisitos documentales básicos desde lo legal y lo técnico que paralizarían la obra a cualquier particular, Rodríguez Villafañe señaló que hay elementos legales para frenar la obra e inclusive para analizar la caducidad de la licencia de Telefónica en Santa Rosa.
No obstante, más allá de lo legal, enfatizó en que lo que se necesita es voluntad política: “la misma Constitución de La Pampa obliga al intendente a defender a la CPE porque expresa claramente que los servicios públicos deben prestarlos preferentemente el Estado o las cooperativas”. En este sentido saludó el posicionamiento del gobernador de la provincia, quien se manifestó públicamente en contra de la avanzada del Grupo Clarín sin tener la aprobación de la fusión por los organismos de control aún vigentes.
Finalmente abogó por retomar la tradición de lucha contra los monopolios de la CPE y de involucrar a las nuevas generaciones que no vivieron los momentos de las gestas cooperativas para tener servicios públicos gestionados por la propia comunidad. “Se está perdiendo la memoria histórica —opinó—, y necesitamos tener también una actitud ética de defender a las cooperativas; no podemos dejar de lado la lucha cultural, porque las cooperativas son escuelas de democracia”.
En 2022, la CPE entregó a Rodríguez Villafañe, en una charla en la UNLPam, una réplica de una trilladora, “Por su lucha por la Comunicación en Manos Cooperativas”.
Rodríguez Villafañe y la CPE
Rodríguez Villafañe es uno de los profesionales que más ha batallado, desde hace décadas, contra los abusos de los conglomerados mediáticos y en defensa del cooperativismo en general, pero especialmente de aquellas entidades solidarias que han proyectado servicios en áreas de comunicación e información, históricamente vedados por el decreto ley 22.285, promulgado por la dictadura militar en 1982.
Cuando a fines de la década de los 90 la CPE decidió incursionar en los servicios de internet y telefonía, teniendo también como objetivo un sistema de televisión por cable cooperativo, Villafañe fue una de las personas a las que se recurrió, con el fin de librar la batalla judicial y política contra el famoso artículo 45 de aquella ley de facto, que impedía a las empresas sin fines de lucro prestar servicios de radiodifusión.
En el año 2003, en ocasión de celebrarse en Santa Rosa el Primer Congreso Nacional de Cooperativismo y Radiodifusión, que reunió a numerosas entidades solidarias del país, Miguel Rodríguez Villafañe fue unos de sus principales exponentes, en virtud de su reconocida trayectoria en la materia y su compromiso con los principios de la cooperación. Aquel congreso sería recordado luego en el ámbito cooperativo de todo el país como “El grito de Santa Rosa”.
Así comenzó un trabajo conjunto y un vínculo muy especial entre la cooperativa santarroseña y este abogado y ex juez cordobés, lazo que sigue vigente hasta el día de hoy. En 2022, último año en que visitó la ciudad, la CPE le otorgó un reconocimiento “Por su lucha por la Comunicación en Manos Cooperativas”. En aquella oportunidad, también disertó en la Universidad Nacional de La Pampa.
Su trayectoria
Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, título otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, además de profesor de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información y de la Comunicación.
Fue Juez Federal en Córdoba, desde 1984 hasta 1990. Como magistrado ordenó la detención, en noviembre de 1987, del criminal nazi Josef Franz Leo Schwammberger, uno de los cinco criminales de guerra más buscados de ese momento, quien luego fue extraditado a Alemania, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua por los hechos atroces que había cometido.
Como integrante de la Cámara Federal de Córdoba, a fines de 1989, declaró la inconstitucionalidad de los indultos dictados por el Presidente Carlos Menem que favorecieron a los responsables de graves delitos de lesa humanidad. Al ser convalidada esa norma por la mayoría de los magistrados del país, renunció a su cargo de Juez.
Ejerciendo en forma privada su profesión, ha representado legalmente a numerosas cooperativas y mutuales de todo el país: ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación obtuvo, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que impedía que las entidades sin fines de lucro sean titulares de licencias.
Consiguió, además, la declaración de inconstitucionalidad de resoluciones del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que suspendían la venta de los pliegos para el otorgamiento de licencias de TV por cable a las cooperativas, habilitando así a las entidades para que puedan exigir que se les entreguen los pliegos para obtener la licencia de servicios complementarios de radiodifusión, como el de la televisión por cable y antenas comunitarias, paralizados por el COMFER.
En agosto de 2023, la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba) le otorgó el título de profesor honorario.